Demandantes de empleo no ocupados

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Eso sí, para el antiguo Inem, dependiente de Trabajo, hay 271.313 parados que no lo son porque están realizando algunos de esos cursos y quedan «maquillados» en su estadística bajo el difuso nombre de demandantes de empleo no ocupados.

La tesis que defiende el presidente del Gobierno: «Una persona que se está formando está trabajando para el país».

Cada año, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por el ministro de Trabajo de turno, aprueba la cuantía destinada a políticas activas, que incluyen programas de empleo y formación. Cada región es luego la encargada de gestionar ese montante para organizar y convocar los cursos.

Las administraciones locales también tienen parte de responsabilidad en la gestión de este tipo de planes formativos. A través del Fondo Social Europeo (FSE), los ayuntamientos reciben cada año una cantidad destinada a políticas activas de empleo que, en gran parte, incluyen financiación para cursos de formación.

Según fuentes consultadas, los «alumnos» de esos cursos municipales también desaparecen de las listas oficiales del paro mientras dura esa formación, pues al mismo tiempo reciben una pequeña prestación económica.

A la polémica sobre la relación entre el coste y la eficacia real de estos cursos de formación en la lucha contra el paro, así como al debate surgido en torno a la «utilidad» que tendría de cara a rebajar la tasa oficial de paro se suman las sospechas vertidas sobre el modelo de gestión de esas «clases para desempleados», que en no pocas ocasiones recae sobre los sindicatos.

Para los críticos, algunas administraciones ceden la planificación y desarrollo de los cursos de formación a las centrales sindicales, «comprando» así su respaldo, al convertirlos en los responsables últimos de gestionar esos fondos públicos.

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